Amnistía Internacional advierte un "auge de prácticas autoritarias" en Ecuador

Quito.– La organización Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Ecuador y lo incluyó entre los países de América Latina donde hay un "auge de prácticas autoritarias".

Entre las razones señaladas están el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía contra manifestantes, las presiones del Gobierno contra la Corte Constitucional, y las desapariciones forzadas atribuidas a las Fuerzas Armadas en el contexto del "conflicto armado interno" declarado contra el crimen organizado.

Durante una visita reciente al país, AI recopiló información sobre acciones del Ejecutivo que, según denunció, buscan silenciar la disidencia y favorecer la impunidad.

Represión a protestas y detenciones

La directora para las Américas de AI, Ana Piquer, sostuvo que la insistencia del Gobierno en una estrategia de seguridad militarizada, sumada a la represión a protestas y ataques a la justicia, coloca a Ecuador en una posición preocupante en la región.

En ese contexto, AI denunció múltiples casos de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo detenciones arbitrarias, procesos penales abusivos y el congelamiento de cuentas bancarias de líderes sociales.

Las protestas, concentradas en seis provincias, han dejado un muerto, más de 80 heridos y 102 detenidos, incluidos 11 menores. Doce de ellos están bajo prisión preventiva y enfrentan cargos por "terrorismo", según datos de organizaciones de derechos humanos.

Independencia judicial en riesgo

AI también cuestionó los ataques y estigmatización hacia los jueces de la Corte Constitucional por parte del Gobierno, después de que este tribunal anuló leyes tramitadas por vía exprés, algunas con indicios de vulnerar derechos fundamentales.

Para la organización, estos actos de hostigamiento representan una grave amenaza a la independencia judicial. Exhortaron al Estado a garantizar que los jueces y operadores de justicia actúen sin presiones políticas.

Desapariciones forzadas en contexto de conflicto

AI publicó el 23 de septiembre un informe donde acusa a las Fuerzas Armadas de cometer desapariciones forzadas desde que el presidente Daniel Noboa declaró el "conflicto armado interno" en 2024.

En palabras de Piquer, "una política de seguridad sin respeto por los derechos humanos no garantiza protección, y suele reemplazar la violencia criminal con violencia estatal", afectando a las mismas comunidades vulnerables.