DIGEIG realiza encuentros simultáneos para conocer el Decreto 166-25 sobre cumplimiento de la transparencia
Los encuentros se llevaron a cabo en seis instituciones, DIGEIG, MICM, MAP, DIGEPRES, OGTIC e INDOCAL con la participación de más de 300 servidores públicos.
Actualizado: 01 de Octubre, 2025, 05:52 PM
Publicado: 01 de Octubre, 2025, 05:44 PM
Santo Domingo. — La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) llevó a cabo seis encuentros simultáneos con Responsables de Acceso a la Información (RAI) y técnicos de Oficinas de Acceso a la Información (OAI). Las actividades se realizaron en distintas sedes institucionales como parte de la Semana del Derecho a Saber 2025.
La directora general de la DIGEIG, Milagros Ortiz Bosch, destacó que el país se prepara para una nueva etapa legislativa con la futura Ley de Protección de Datos Personales.
Esta legislación busca regular el uso responsable y justo de la información personal y pública, garantizando el equilibrio entre el derecho a saber y la protección de datos sensibles.
Ortiz Bosch también subrayó la relevancia de la mediación de información pública, señalando que antes no existía una resolución que organizara este proceso. Gracias al trabajo institucional, hoy se cuenta con un documento oficial para dar cumplimiento a la ley.
Transparencia activa y pasiva
Durante los encuentros se explicó la diferencia entre transparencia activa y pasiva. La primera implica cumplir con la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, mediante la publicación mensual de informaciones en los Portales de Transparencia de cada institución. Estos datos son evaluados mensualmente, y se presenta un ranking trimestral con los resultados.
Por otro lado, la transparencia pasiva se gestiona a través del Portal Único de Solicitud de Información Pública (SAIP), donde las OAI tramitan y responden las solicitudes de información realizadas por la ciudadanía.
Sanciones y seguimiento a la transparencia
El Decreto Núm. 166-25 establece sanciones por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, que pueden ir desde la afectación de la evaluación institucional e inhabilitación para funciones públicas, hasta penas de prisión de seis meses a dos años, conforme a la Ley 200-04 y la Ley 41-08 de Función Pública.
En ese contexto, se presentó la Matriz de Responsabilidad Informacional, un instrumento que asigna metas de cumplimiento a cada institución y servidor público. Esta matriz se integra al acuerdo de desempeño individual y permite medir objetivamente el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
La responsabilidad recae sobre las distintas áreas institucionales como Libre Acceso a la Información, Jurídica, Comunicaciones, Recursos Humanos, Compras y Contrataciones, entre otras.
Los técnicos que cargan la información y los directores que responden solicitudes son parte clave del proceso. La validación final corresponde a la Máxima Autoridad de cada entidad, y el RAI consolida y remite la matriz a la DIGEIG.
A partir de octubre, la DIGEIG evaluará mensualmente la Transparencia Activa y Pasiva a través de un sistema de alertas del SAIP, con base en los datos de septiembre.
Ortiz Bosch cerró su intervención calificando a los servidores públicos como "soldados de esta batalla por la transparencia y la democracia", resaltando su papel fundamental en fortalecer la confianza ciudadana y garantizar el acceso a la información pública.
