Marielis Ponciano considera acertadas observaciones a la Ley de Residuos Sólidos, pero advierte falta de capacidad técnica

Santo Domingo.– La experta en desechos sólidos Marielis Ponciano, directora ejecutiva de NUVI, consideró que las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo a la Ley de Residuos Sólidos son en su mayoría positivas, ya que corrigen redacciones confusas y fortalecen los principios de gestión ambiental, aunque advirtió que algunos plazos son demasiado cortos y que el país aún no cuenta con la infraestructura técnica necesaria para aplicarlos.

Durante su participación en la entrevista central de El Despertador, Ponciano explicó que las modificaciones mejoran el documento aprobado por el Senado en agosto, sobre todo en aspectos como la competencia empresarial, la jerarquía en la gestión de residuos y la viabilidad técnica de algunas disposiciones.

"Las observaciones han sido acertadas porque mejoran la redacción y devuelven coherencia a la ley. Se mantiene el principio de jerarquía, que ordena reciclar y valorizar antes de disponer los residuos", afirmó.

 Prohibición de plásticos de un solo uso

Ponciano señaló que la ley contempla dos plazos contradictorios: 60 días para certificar los productos importados y 12 meses para prohibir su comercialización sin dicha certificación.

"Actualmente no tenemos laboratorios locales para hacer esos ensayos de biodegradabilidad. Sesenta días es un plazo muy corto para poner eso en marcha", explicó la especialista, al sugerir una extensión del tiempo y una mejor coordinación técnica.

Cobro de fundas plásticas

Sobre el cobro de fundas plásticas en los supermercados, aclaró que la ley no prohíbe su uso, sino que busca reducir su consumo mediante un pago simbólico.
Consideró que esta medida no eliminará totalmente su utilización, pero motivará un uso más racional y fomentará bolsas reutilizables de tela.

"Las fundas plásticas cumplen una función sanitaria en los hogares. Si se eliminan de golpe, podríamos crear un problema mayor. El cobro busca que la gente las use con más cautela", subrayó.

Ajustes técnicos en la industria del cemento

Ponciano también celebró que el Ejecutivo corrigiera la disposición que exigía a todas las cementeras coprocesar residuos, algo que calificó de técnicamente inviable, ya que solo las que producen clinker tienen capacidad para hacerlo.

"Era una exigencia imposible de cumplir para todas las industrias del cemento, y fue acertado eliminarla", dijo.

Contaminación de ríos y cañadas

La experta advirtió que ninguna cañada del país está libre de plásticos, y que los desechos no solo afectan la estética urbana, sino que terminan en los ríos y mares, generando un grave pasivo ambiental.

"Los plásticos son solo el 10 % del volumen total de los residuos, pero son los más visibles y persistentes. Muchos terminan en el mar, afectando nuestros ecosistemas", señaló.

Explicó que la ley busca impulsar la educación ambiental, crear un mercado de valorización de residuos y promover plantas de reciclaje e industrias de recuperación que transformen los desechos en materia prima útil.

Responsabilidad compartida

Otro de los puntos importantes, dijo, es que la Ley 225-20 establece una responsabilidad compartida en la gestión de residuos entre el Estado, los ayuntamientos y el sector privado, a través de la responsabilidad extendida del productor.

Esto significa que las empresas que colocan en el mercado productos como plásticos, botellas, latas, baterías o neumáticos deberán recoger o valorizar una parte de ellos.

"Antes se pensaba que los residuos eran solo responsabilidad de los ayuntamientos. Ahora es compartida, y el sector privado tiene que involucrarse en la recuperación de lo que produce", explicó.

Reglamentación pendiente y plazos ajustados

Ponciano valoró que el Ejecutivo haya fijado un plazo de 12 meses para completar la reglamentación de la ley, pero reconoció que el tiempo es limitado considerando la cantidad de normas pendientes y los procesos que aún no se han implementado.

"Es un tiempo muy ajustado, pero al menos marca un compromiso para acelerar la aplicación", puntualizó.

Transformar la basura en recursos

Finalmente, destacó que el objetivo final de la legislación es transformar los residuos en recursos aprovechables, reducir el impacto ambiental y fomentar una economía circular.

"El desafío no es solo reducir los residuos, sino gestionarlos correctamente y convertirlos en materia prima útil. Ese es el camino hacia una gestión moderna y sostenible", concluyó.