Milei impulsará nueva ley sobre glaciares para impulsar la minería en Argentina

Buenos Aires.– El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este jueves que enviará al Congreso un proyecto de ley para que sean las provincias las que determinen las zonas cercanas a los glaciares donde podrán desarrollarse actividades mineras.

"Una de las leyes que vamos a estar mandando tiene que ver con la ley de periglaciales. Está la zona glaciar y la periglacial es el perímetro a partir del cual se pueden hacer actividades mineras. Hoy eso no está bien definido", afirmó durante el Congreso de Economía Regional. 

El mandatario sostuvo que la minería es un sector con "grandes oportunidades para hacer negocios" y con potencial para generar un millón de empleos en el país.

Provincias definirán la zona periglacial

Milei cuestionó a los ambientalistas, al asegurar que "prefieren que uno se muera de hambre" antes que permitir el desarrollo de actividades extractivas.

También adelantó que la norma buscará que los gobiernos provinciales definan qué áreas serán consideradas zona periglacial.

Según el presidente, esta modificación permitirá atraer "una gran inversión en materia de minería". Además, explicó que la iniciativa surgió de Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, una provincia con fuerte actividad minera.

Tensión entre desarrollo minero y protección ambiental

La Constitución argentina establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias, pero también garantiza la protección ambiental, lo que ha generado debates sobre los límites a la explotación minera.

Actualmente, Argentina registra importantes inversiones en proyectos de litio, cobre y oro.

Sin embargo, el marco legal vigente incluye la Ley de Glaciares, aprobada en 2010 tras una fuerte presión social, científica y ambiental, que protege los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.

No obstante, en 2019 la Corte Suprema de Justicia ratificó su constitucionalidad y reafirmó que los glaciares y su entorno son bienes públicos, y que en caso de conflicto prevalecen los derechos colectivos, como el acceso al agua, sobre los intereses individuales.