Un cáncer sistémico: Más allá de los partidos

Santo Domingo.– Los recientes titulares sobre extradiciones y solicitudes de arresto que rozan las esferas del poder político en la República Dominicana configuran, por decir lo menos, un panorama alarmante.

Ante esto, la reacción instintiva, casi pavloviana, de nuestro debate público es la politización, la búsqueda de la foto con el funcionario de turno, el desempolvar carnets partidarios y el uso del escándalo como arma arrojadiza.

Si los involucrados se vinculan al oficialismo, la oposición denuncia un "narco-Estado". Si atañen a la oposición, el gobierno se apresura a declarar una "limpieza" y marcar distancia.

Este intento de reducir la penetración del crimen organizado a un problema coyuntural del PRM, o del PLD en su momento, o de cualquier facción que ostente el poder, no es solo una miopía funcional ; es una postura que beneficia los intereses del propio crimen.

Desviar el análisis hacia una lucha partidista es precisamente lo que estas estructuras necesitan para prosperar en la sombra, mientras en la esfera pública nos disputamos migajas morales.

La patología no reside en un partido. Reside en el sistema. Es un cáncer que ha hecho metástasis a escala global.

El fracaso global

Para dimensionar la gravedad de nuestra situación, es imperativo aceptar que no estamos solos. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advierte desde hace años que la infiltración política es la "Fase 2.0" del crimen organizado. Su objetivo ya no es evadir al Estado, sino capturarlo desde sus cimientos.

El Índice Global de Crimen Organizado traza un mapa desolador. En la cima de la infiltración estatal no figuran pequeñas islas-paraíso, sino regímenes como Siria o Corea del Norte, donde la línea entre gobierno y mafia es inexistente. Son la definición del "Estado fallido", donde el crimen se erige como único empleador y autoridad.

Este fenómeno no respeta fronteras ni índices de desarrollo. Se infiltra financiando campañas en Europa, corrompiendo logísticas en África y cooptando funcionarios en Asia. Su lógica es puramente empresarial, buscando asegurar la operación, neutralizar la regulación y maximizar la ganancia.

El incendio regional

Si el problema es global, en América Latina es un incendio fuera de control. El narcotráfico, con presupuestos que superan el PIB de muchas de nuestras naciones, ha sido el combustible de esta conflagración.

No necesitamos mirar lejos. Vemos a México, donde los cárteles no solo financian, sino que imponen candidatos y asesinan a quienes no pueden controlar.

Miramos  a Colombia, en su batalla endémica contra una simbiosis que ha penetrado las más altas esferas. Observamos a Paraguay, calificado por el mismo índice como un centro logístico de primer orden gracias a una profunda complicidad estatal.

Y vemos, con horror, la tragedia de Ecuador. Un país hasta hace poco considerado un oasis de paz, hoy desangrado y secuestrado por bandas que han infiltrado su sistema judicial, prisiones y política. Su caso demuestra la celeridad con la que una nación colapsa cuando la infiltración se vuelve sistémica.

Estos países no llegaron a ese punto de un día para otro. Sufren ese desastre moral  porque, durante años, se trató el problema como un asunto de "manzanas podridas" y no como una falla estructural del andamiaje institucional.

La advertencia en casa

Mover toneladas de mercancía ilícita por un territorio insular no se logra solo con lanchas rápidas o escondites ingeniosos. Se logra con complicidad. El propio informe es explícito al señalar "vínculos entre narcotraficantes y funcionarios de alto nivel y políticos", además de la participación de "militares y policías en el narcotráfico".

Este no es un señalamiento contra un gobierno específico; es el diagnóstico de una enfermedad que corre por el torrente sanguíneo de nuestras instituciones. El dinero del narcotráfico es rápido, abundante y pragmático. No tiene lealtad política y financia a quien le garantice impunidad, sin importar el color de la bandera.

Cuando un político local necesita millones para financiar una campaña de vallas, camisetas y clientelismo, y el sistema legal no provee mecanismos transparentes, ¿quién llena ese vacío? Cuando un oficial de bajo rango ve pasar un cargamento que vale más que su salario de diez vidas, ¿qué sostiene su integridad?

La verdadera lucha

Por todo esto, los titulares de estos días y las puzante conversaciones en redes sociales caricaturizando al oficialismo, no deben ser motivo de celebración o condena partidista, sino un llamado de urgencia nacional.

Cada vez que un político de oposición utiliza un caso de narcotráfico para atacar al gobierno, sin proponer una reforma estructural del financiamiento de partidos, de la justicia o de la policía, se vuelve cómplice del sistema.

Pero, además, cuando  un funcionario desestima una denuncia de crimen organizado como un "ataque político", en lugar de iniciar una depuración interna profunda y dolorosa, se vuelve cómplice del sistema.

Si no asumimos esta realidad, y si no exigimos un pacto nacional que blinde nuestras instituciones fundamentales (justicia, congreso, policía, partidos) de esta influencia, independientemente de quién gobierne, estaremos condenados a ser el próximo titular de la tragedia latinoamericana.

Los nombres en las solicitudes de extradición de hoy importan menos que la firma del sistema que los hizo posibles. Ha llegado el momento de dejar de analizar al mensajero y empezar a desmantelar la estructura. Un primer paso es lograr que los partidos políticos sean sujetos obligados. ¿Quién le pone el cascabel al gato?