Advertencia de procuradora pone en la mira los lujos de funcionarios
La procuradora explicó que cualquier funcionario puede ser investigado si, tras una auditoría visual, se detectan consumos o transacciones que no se ajustan a su salario. También destacó que la Dirección de Ética promueve una campaña para facilitar denuncias ciudadanas, sean anónimas o no.
Actualizado: 19 de Septiembre, 2025, 02:27 PM
Publicado: 19 de Septiembre, 2025, 11:57 AM
Santo Domingo.– La advertencia de la procuradora general de la República sobre la posibilidad de investigar a funcionarios públicos cuyo estilo de vida no se corresponda con su salario, reavivó en el Congreso el debate sobre el combate a la corrupción y la vigilancia del patrimonio en el Estado.
La discusión sobre el control del patrimonio y la rendición de cuentas volvió a encenderse entre legisladores, tras las recientes declaraciones de la procuradora.
Desde el oficialismo, congresistas respaldaron el pronunciamiento de la titular de la Procuraduría, Yeni Berenice, afirmando que estas medidas forman parte de las atribuciones del Ministerio Público. Señalan que investigar a los servidores públicos es un derecho legítimo y necesario para garantizar la integridad en la función pública.
Otros legisladores oficialistas recordaron que la Cámara de Cuentas es el órgano competente para auditar y fiscalizar los recursos públicos, y destacaron la importancia de la coordinación entre instituciones para enfrentar cualquier irregularidad.
De su lado, la oposición exigió que el Ministerio Público se enfoque en investigar a fondo los presuntos casos de corrupción dentro del gobierno, y no limitarse a acciones superficiales.
Más declaraciones de Yeni Berenice
La procuradora explicó que cualquier funcionario puede ser investigado si, tras una auditoría visual, se detectan consumos o transacciones que no se ajustan a su salario. También destacó que la Dirección de Ética promueve una campaña para facilitar denuncias ciudadanas, sean anónimas o no.
La procuradora también advirtió que, con la nueva Ley de Compras Públicas, las empresas vinculadas a corrupción quedarán inhabilitadas para contratar con el Estado y sus representantes no podrán ejercer funciones públicas por cinco años.
