Reto de reinserción social de presos con problemas mentales

Distrito Nacional.– Una vez que una persona privada de libertad con alguna condición de salud mental cumple su proceso legal y obtiene su libertad, su reintegración a la sociedad se convierte en un desafío complejo que involucra no solo al propio exrecluso, sino también a su familia, para acompañarlos en su proceso de adaptación.

Además de la creación de pabellones psiquiátricos, ¿qué otras alternativas pueden implementar las autoridades para ofrecer una solución efectiva a la crisis que enfrentan los reclusos con alguna condición de salud mental?

La reintegración a la sociedad de privados de libertad con alguna enfermedad de salud mental, según los expertos consultados, requiere un enfoque multidisciplinario que incluye atención psicosocial y programas de acompañamiento desde la prisión, los familiares y hasta la comunidad.

“Lo que necesitamos es que se implementen los programas de tratamiento adecuados para las personas privadas de libertad con una condición de salud mental. Y es que la ley contempla un tratamiento diferenciado para estos ciudadanos en conflicto con la ley penal”, expresó Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, jueza del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

“Eso debe ser un área preventiva. Las personas que tienen traumas, problemas mentales deben estar internas en lugares distintos a las prisiones. La enfermedad mental es incompatible con el encierro”, afirmó Rafael Báez, juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Los jueces explicaron que desde el Poder Judicial se impulsa el plan de optimización del proceso penal bajo el lema institucional Justicia al Día, para garantizar la dignidad de las personas.

“En este tipo de casos lo que aplicaría sería algún tipo de salida alternativa para buscar otro régimen de cumplimiento de pena para esas personas. Ese plan de optimización incluyó una mesa multisectorial en la que converge el sistema de salud, la defensa pública, el Poder Judicial, el Ministerio Público, todos los actores del sistema penal para buscar soluciones, sobre todo para priorizar los temas de salud, para que no haya tantas personas enfermas en privación de libertad”, explicó Rafael Báez.

“Y realmente no hemos cumplido con esa deuda pendiente de implementar esta estructura de seguimiento y de acompañamiento. Una persona con condiciones de salud mental, un inimputable, no se puede someter a los mismos programas a los que se somete una persona recluida en un centro de corrección y rehabilitación. No se puede someter a los programas de resocialización, que es la finalidad de la pena”, indicó Esmirna Gisselle Méndez Álvarez.

“La población penitenciaria toda tiene derecho porque no se pierde su libertad. Y si esa persona que está privada de libertad igual tiene un problema de desarrollo mental, pues hay un mayor compromiso con ellos, porque son parte de la gente, no los podemos dejar abajo”, señaló José Manuel Arias Martínez, juez de la Segunda Sala de Ejecución de la Pena del Distrito Judicial de Peravia.

“Yo pienso que nosotros tenemos herramientas que le dan respuesta cuando se presentan situaciones de esa naturaleza. La propia Constitución ampara al sistema de justicia para que pueda actuar en esa dirección. Yo lo que creo es que esas son acciones que deberían comenzarse a implementar en la República Dominicana. Que lamentablemente, teniendo la herramienta, nunca se ha hecho”, opinó Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de FINJUS.

Resaltaron además que una persona con esta condición de salud necesariamente tiene que estar siendo asistida y tratada

“Esa persona lo que quiere es un seguimiento médico, un acompañamiento por expertos de la conducta que le provean seguimiento, diagnóstico y medicamentos para garantizar que pueda recuperarse o, en la medida de lo posible, controlar su condición y deje de ser un riesgo para sí mismo y para la sociedad. Mantenerlos en las cárceles como medida para evitar el daño o el riesgo que ellos pueden provocar ante los bienes jurídicos, la seguridad y la integridad de las personas, no es la solución. Y el Estado debe asumir la responsabilidad de implementar esos programas”, expresó Esmirna Gisselle Méndez Álvarez.

“Si los problemas son graves debe sacarse del ambiente de deterioro o de la cárcel para recibir atención especial en otro lugar que no sea la prisión. Porque el tratamiento que prima es el tratamiento mínimo, y el artículo 64 del actual Código Penal Dominicano establece que si al momento de la comisión del crimen o delito la persona se encontrase en un estado de demencia o en una fuerza irresistible que no pudiera controlar, no habrá crimen ni delito. Ahora bien, el artículo 15 del nuevo Código Penal, recién aprobado, que entrará en vigencia dentro de un año, establece algo muy distinto: se habla de cuando eso se produzca, el tribunal ordenará una medida de seguridad. Una medida de seguridad es destinar a la persona a un lugar a recibir asistencia médica mientras ocurre el proceso”, explicó Rafael Báez.

Además, recomiendan a las autoridades construir centros de salud para asistir a esta población penitenciaria

“Se impone la creación de una red en todo el país de centros de captación de estos privados de libertad con problemas vitales, que también pueden utilizarse para atraer a aquellos que no tienen procesos penales pero que sí tienen enfermedades mentales. Porque aquí hay un doble componente: proteger a la sociedad y respetar la dignidad humana de ese privado de libertad. De manera que me parece muy interesante y hay que seguir haciendo esfuerzos”, dijo José Manuel Arias Martínez.

Los que diariamente en los tribunales deben tomar decisiones contra los imputados con esta condición de salud esperan se realicen cambios importantes con esta población.

“Tenemos mucha esperanza en que se produzcan cambios importantes en el sistema penitenciario dominicano. Ojalá no sea para construir cárceles, sino para despoblarlas. En vez de hacer más cárceles, que son un desaguisado estatal, lo que quisiéramos es que despoblen cárceles y que lleven personas que están enfermas y con problemas de salud mental a sanatorios psiquiátricos; personas con enfermedades terminales y degenerativas, que vayan a un hospital a recibir atención médica, y algunos que ya están en condición moribunda, pues que vayan a pasar sus últimos días con su familia”, expresó Rafael Báez.

“Nosotros albergamos la esperanza de que se deje de construir un tramo de calle en un paraje o en un municipio, y se pueda construir —que sale menos costoso— un hospital psiquiátrico para recluir a personas en conflicto con la ley penal”, manifestó Rodolfo Valentín, director de la Defensoría Pública.

La Oficina de Defensa Pública informó que en septiembre de 2024 logró, a través de persistentes acciones de amparo, que un privado de libertad con severos trastornos de salud mental y en condiciones deplorables en la Cárcel Concepción de La Vega fuera trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo y, posteriormente, al Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Billini.

“Miren qué condición: en una celda oscura, lúgubre, sin ventilación, con hongos en las paredes y totalmente desnudo. Yo nunca había visto un animal en esas condiciones”, denunció Rodolfo Valentín.

“Realmente son personas que fueron declaradas en su momento inimputables y vinieron para acá. Todos reciben el mismo trato, quiere decir que el plan individualizado se les aplica al unísono; también su medicación y su cuidado no tienen que ver con su procedencia”, explicó el doctor Yino Martínez, director del Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Billini.

“Se pudiera hacer un censo, una evaluación de qué cantidad de internos tenemos con esta condición y, por tanto, cuántas estructuras quizás a nivel departamental podemos implementar para ser efectivos en el tratamiento. Lo importante es que comencemos a actuar y que dejemos de ver el problema, asumiendo la responsabilidad del Estado de proveer a esos ciudadanos el seguimiento que necesitan”, propuso Esmirna Gisselle Méndez Álvarez.

Ante esta situación de los privados de libertad y la limitada disponibilidad de áreas de salud mental en los recintos carcelarios, se hace necesario habilitar más pabellones especializados y, a través de la mesa interinstitucional con los diferentes actores del sistema de justicia dentro del plan de optimización, acercarse al Ministerio de Salud Pública con la finalidad de designar más expertos en salud y facilitar programas para los medicamentos de alto costo.

“Asimismo, los entrevistados sugieren a las autoridades aumentar el presupuesto en la Dirección General de Prisiones para que esta población carcelaria reciba un tratamiento oportuno y humanizado, con la finalidad de que, cuando el privado de libertad cumpla su pena, pueda reinsertarse a la vida laboral y no sea una amenaza para la sociedad ni para su familia”, explicó el doctor Eladio Hernández, psicólogo.