Falta de psicólogos y medicinas agrava la crisis de salud mental en las cárceles en RD

Según representantes legales de los privados de libertad que padecen alguna enfermedad de salud mental, uno de los principales retos de las autoridades es asignar más expertos en salud y aumentar el presupuesto para tratar de manera continua a los privados de libertad con algún tipo de condición psiquiátrica y psicológica.

¿Qué estipula la ley en estos casos?

Actualmente para los 41 recintos penitenciarios, que albergan 436 privados de libertad con algún trastorno de salud mental, el sistema cuenta con menos de 15 especialistas.

“Actualmente el sistema cuenta, de los últimos nombramientos, con 12 siquiatras nombrados a nivel nacional, cada uno con varios centros asignados atendiendo a la población que se está manejando allí”, precisó la doctora Gauris Sisa, encargada de Salud de la Dirección General de Prisiones (DGP).

“Es necesario que tengamos una matrícula suficiente en el sistema penitenciario porque 12 psiquiatras no dan abasto. Lo que dice la ley 113-21 sobre el régimen penitenciario correccional de la República Dominicana es que en cada recinto tiene que haber un psiquiatra, un médico general y un equipo de paramédicos que les asista".

"Si estamos hablando de 41 cárceles y solo hay 12 psiquiatras, sabemos que entonces hay un déficit que afecta a la población penitenciaria”, expresó el juez José Báez García, de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

De su lado, el director general de Prisiones, Roberto Santana, informó que la Procuraduría General de la República realiza esfuerzos para ampliar el personal de salud mental dentro de los recintos.

“Ahora mismo la Procuraduría está haciendo un gran esfuerzo para designar más personal. Se está en un proceso de contratación de una gran cantidad de psicólogos. Es muy importante, y hay que contratar también trabajadores sociales. Es muy importante este tema porque no es lo mismo salud mental en la calle que salud mental en prisión”, afirmó Santana.

El Ministerio de Salud Pública, dispone del Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Billini, donde se presta asistencia a 99 pacientes incluyendo algunos privados de libertad.

“Es un lugar donde su nombre lo indica, damos rehabilitación a través de un plan individualizado. ¿Por qué individualizado? Porque cada persona tiene necesidades específicas, entonces se evalúa a los pacientes que llegan aquí, dependiendo lo que necesiten, entonces implementamos el plan”, dijo el doctor Yino Martínez, director del Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Billini.

“Ellos también tienen derecho a la salud, a ser asistidos médicamente, y que se les busque algún tipo de modo alternativo de cumplimiento de condena que no necesariamente sea el encierro. Porque entonces, vamos a terminar con la frase del maestro Jairo Varela: la cárcel será un cementerio de hombres vivos, y eso no debe ser. No debemos esperar que una persona esté moribunda para sacarla del ambiente carcelario”, expresó el juez José Báez García, de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

“Es necesario que el país pueda empezar a pensar en que una persona diagnosticada con un trastorno mental no puede estar junto con los que teóricamente, atención, teóricamente están mentalmente sanos. Porque el encierro es una dificultad humana que te discapacita; de hecho, estar discapacitado te genera una alteración emocional, psicológica, social… te genera absolutamente todo lo que es tu ser, tu persona. Por lo tanto, estar preso, estar retenido, es una condición que ningún ser humano la desea”, manifestó el juez de Ejecución de la Pena del Distrito Judicial de Baní, Samuel Arias.

“Esta condición de patología psiquiátrica demanda unos medicamentos que, de verdad, el costo es alto. Pero también nos hacemos una pregunta: cuando yo te digo que es un buen intento, la pregunta que nos hacemos es, ¿le suministran real y efectivamente todos los medicamentos que requieren todos esos pacientes?”, expresó el defensor público general, Rodolfo Valentín.

“Esta población se beneficia de un fondo, que a través de la gestión del administrador general se logró una asignación de 400 mil pesos para la compra de medicamentos, lo cual solamente como requisito tenemos: que ellos tengan un diagnóstico médico”, detalló la doctora Gauris Sisa.

Asimismo, expresaron que obtener un diagnóstico a nivel privado, es costoso.

Además del problema de salud mental, los internos deben enfrentar en algunos casos, el abandono familiar.

La Dirección General de Prisiones (DGP) trabaja en la expansión de pabellones de salud mental en los recintos carcelarios.

Pero ¿qué sucede cuando las personas privadas de libertad que padecen algún trastorno de salud mental no reciben tratamiento ni acompañamiento adecuado y, aun así, deben reintegrarse a la sociedad?.

La falta de atención y seguimiento psicológico no solo pone en riesgo su proceso de rehabilitación, sino también su adaptación al entorno social una vez obtienen la libertad.

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En la tercera entrega de la serie especial “Salud Mental en Crisis en las Cárceles”, expertos comparten sus recomendaciones y plantean posibles soluciones para enfrentar esta preocupante realidad que afecta tanto a los internos como a la seguridad y estabilidad social del país.