PGR: Transcore Latam usaba equipos de espionaje

Ciudad Nueva.– El cancelado proyecto de semaforización no solo representó un fraude mayúsculo para el Estado a través del contrato entre Intrant y la empresa Transcore Latam, sino que estaba compuesto por una mafia que incluía espionaje, sabotaje y terrorismo, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía contra Hugo Beras, Jochi Gómez y otra docena de imputados.

El exdirector del Intrant, Hugo Beras y Jochy Gomez, planificaron su alianza desde 2021, un año antes de que el exfuncionario asumiera la dirección de la referida entidad, según detalla la acusación del Ministerio Público.

En el documento, la fiscalía también detalla que Beras y Gomez, señalado como principales imputados en el caso, prepararon el pliego de la licitación del sistema semafórico en las oficinas de la empresa Aurix S.A.S., vinculada Jochy Gomez, para asegurar la adjudicación irregular del contrato a la compañía Transcore Latam.  

La acusación de más de 300 páginas también igualmente detalla que en el supuesto entramado hubo un doble esquema de fraude y lavado de activos.

Explica que Mientras Dekolor S.R.L. recibía pagos sobrevaluados por emisión de licencias, la compañía PagoRD Xchange S.R.L., también bajo el control de Jochy Gómez, retuvo y desvió fondos públicos, provocando un faltante de más de 730 millones de pesos, recursos que fueron transferidos a empresas pantalla como OML Inversiones y Transcore Latam, y luego enviados al extranjero bajo apariencia de servicios tecnológicos.

El expediente también señala la existencia de una red paralela de radiocomunicación

Además de cámaras AURIX, instaladas sin autorización estatal, utilizadas para interceptar datos del sistema de tránsito.

El expediente de los fiscales también señala que en junio de 2020, durante la pandemia de COVID, Jochy Gómez trajo desde Alemania equipos tecnológicos que incluyen drones, cámaras gimbal, servidores y software especializados valorados en 59 millones de pesos, sin cumplir los procesos aduanales ni tributarios.

Tambien detallan que la compra fue hecha a nombre del Ministerio de Defensa para hacer creer que se trataba de un asunto de seguridad nacional.

Luego de depositada la acusación formal contra los 17 imputados que se vinculan además con el sabotaje a la red semafórica de la capital en agosto de 2024, fue designado al Sexto Juzgado de Instrucción para conocer el juicio preliminar del caso, cuya primera audiencia fue fijada para el 17 de noviembre.