Jueces y Fiscales bajo asedio: El alto precio de impartir justicia en RD

República Dominicana.– Impartir justicia en los tribunales dominicanos es un ejercicio de vocación y compromiso, pero que en ocasiones puede significar enfrentarse a amenazas, miedo y riesgo.

En los últimos años, jueces y fiscales han denunciado agresiones y presiones vinculadas a casos del crimen organizado y de otros tipos penales, revelando una realidad que pone a prueba la seguridad del sistema judicial.

Al colocarse la toga y el birrete para subir al estrado, tanto jueces como fiscales asumen no solo la responsabilidad de impartir justicia, sino también el peso de decisiones que pueden ponerlos en riesgo.

En República Dominicana, pese a que tradicionalmente se reconoce la autoridad de los funcionarios judiciales, varios jueces y fiscales han denunciado ataques verbales y mensajes amenazantes por parte de personas a las que han investigado o juzgado, alterando su rutina diaria y evidenciando los riesgos que enfrentan en el ejercicio de sus funciones.

Las amenazas que recibí tuvieron lugar el mes de mayo en la Suprema Corte de Justicia, en ocasión de un proceso que yo estaba conociendo.

Una usuaria, emocionalmente cuestionable, profirió amenazas e hizo señalamientos públicos en relación con mi ejercicio profesional y un proceso en el que ella figuraba como víctima, dijo la jueza del Primer Juzgado de Instrucción de Higüey, Alexandra Reyes Custodio.

La mujer que hizo dichas amenazas fue la misma que, en enero de este año, llevó las osamentas de su hija al Palacio de Justicia para reclamar un castigo justo para los acusados de su muerte.

Esas amenazas sacudieron la dinámica laboral y personal de la magistrada, que todavía cuestiona al Poder Judicial por no brindar las garantías de seguridad que establece la ley.

Alejandro Moscoso Segarra es otro de los magistrados que ha recibido amenazas. En su caso, cuando fungía como fiscal del Distrito Nacional en el año 2010.

“Algunas eran infundadas, algunas eran para atemorizar. Uno tomaba las acciones de lugar, medidas de seguridad… siempre hay sus niveles de temores, sobre todo por la familia cuando son casos de alto perfil. En una ocasión, estando fuera del país, que pudo haberme preocupado un poco, recibimos mensajes de esa naturaleza”, relató el exfiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra.

Esas amenazas, que de inmediato acapararon titulares, coincidieron con la investigación del caso del narco puertorriqueño José David Figueroa Agosto y sus vínculos en el país. “Siempre hay temores, pero el que asume posiciones de esa naturaleza conlleva esos niveles de riesgo por cumplir con el deber”, afirmó Moscoso Segarra.

Durante el conocimiento de la etapa preliminar de ese mismo caso, la jueza Claribel Nivar, del Segundo Juzgado de Instrucción, vivió en carne propia cómo las amenazas pueden escalar del discurso al ataque.

En menos de cinco meses, su entorno familiar fue blanco de al menos tres actos vandálicos, incluyendo la muerte de un hermano y la violación de su doméstica, lo que obligó a las autoridades a activar los protocolos de seguridad.

Esto incluyó el cambio de su domicilio de San Cristóbal al centro de la ciudad, aunque nunca se determinó su relación con el conocimiento de ese caso.

La magistrada recibió amenazas de manera directa e incluso en un momento sufrió un hecho grave, razón por la que fue trasladada y se le otorgaron mayores niveles de seguridad, explicó el exprocurador Alejandro Moscoso Segarra.

“Ningún juez ni ningún fiscal tiene garantías de seguridad aquí. El Poder Judicial debe preocuparse más por eso”, advirtió el abogado penalista José Pérez Volques.

En salas como esta, donde se decide el destino de quienes enfrentan a la justicia, algunos jueces y fiscales prefirieron no hablar frente a cámara. Revivir las amenazas y ataques que recibieron durante su labor judicial es una experiencia que muchos aún prefieren dejar atrás.

Entre los casos recientes que acapararon la atención nacional se encuentran las amenazas que recibió la exprocuradora Miriam Germán Brito, a mediados de 2023, contra la vida de su hijo mientras ejercía sus funciones.

En ese entonces, la investigación identificó a Joel Ambiorix Pimentel García, alias La J, como el responsable. Según las autoridades, este formaba parte de la Operación Halcón IV, una red dedicada a amenazar a altos funcionarios. Un año más tarde fue apresado en España por otros delitos y solicitado en extradición.

“Ellos tienen seguridad, por cierto, pero es muy débil, y no podemos esperar que los niveles de crimen organizado lleguen al punto de retaliar contra ellos. Por el momento no, pero no es bueno esperar el día nefasto para eso”, opinó el abogado penalista Carlos Balcácer.

“Desde mi experiencia en este tribunal, que presido desde febrero de 2006, hemos advertido un aumento dramático en los casos de criminalidad organizada. El crimen organizado evoluciona, avanza y requiere del Estado nuevas formas de afrontar esas demandas para una persecución y prevención efectivas”, explicó la jueza Esmirna Gisselle Méndez, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

No se pierda en la segunda entrega de este reportaje: las medidas que se están tomando para proteger a quienes imparten justicia.