La clase media y el sistema de salud

Santo Domingo.– La salud pública es un tema recurrente en el debate nacional. El estado físico y equipamiento de los hospitales, la carencia de centros de salud en muchas comunidades urbanas y rurales, el acceso a medicamentos, la disponibilidad de camas en los hospitales, el salario de los médicos y las enfermeras en el sector público son asuntos que, entre otros, atraen constantemente la atención de la opinión pública.

El foco de atención suele ser la salud de los más pobres, causa legítima e inescapable, sin duda, pero pocas veces se discute cómo el sistema de salud opera con respecto a otros sectores sociales.

¿Qué problemas enfrenta la clase media en servicios de salud?

Uno de los problemas al que no se le presta suficiente atención es el de los servicios de salud para la clase media, la cual está compuesta por diferentes segmentos, desde familias con ingresos relativamente bajos hasta familias con ingresos medios.

Estos sectores suelen procurar servicios de salud en centros médicos privados, aunque no en los más exclusivos, y cuentan con algún tipo de póliza de salud según su empleo o su nivel de ingresos, aunque no con los planes de cobertura más exclusivos.

Como se habla tan poco en la opinión de este tema, parecería que el problema de los servicios médicos, hospitalización y medicamentos está resuelto para este amplio y diverso sector de la sociedad.

El drama que puede enfrentar una familia de clase media puede ilustrarse con un ejemplo como el que sigue. Veamos: una familia lleva de emergencia a uno de sus miembros a una clínica normal -no de las más modernas o sofisticadas- del polígono central de la ciudad capital debido a que ese familiar, que pudiese ser una persona mayor de edad, sufrió un golpe que le está causando mucho dolor.

Luego de los exámenes de rigor, el médico responsable determina que es necesario operar a este paciente y, por tanto, tiene que permanecer varios días interno en la clínica.

La cirugía tiene lugar y tres días después se le dice a la familia que el paciente está listo para regresar a su casa y seguir un protocolo de recuperación.

El paciente cuenta con un seguro de salud con una cobertura básica.

Al momento de cerrar la cuenta para partir, la clínica le informa que el seguro no ha autorizado el pago del internamiento, pero actúa de manera razonable y solicita la consignación, vía tarjeta de crédito, de una suma equivalente al monto a ser cobrado -digamos que ciento sesenta y cinco mil pesos- mientras la familia hace la gestión de pago en la compañía de seguro.

A su vez, el médico cirujano cobra doscientos mil pesos, el anestesiólogo cincuenta mil pesos, el cardiólogo que examinó al paciente previo a la cirugía cobra también cincuenta mil pesos y el doctor que atiende al paciente de manera regular, con quien se ha hablado dos o tres veces por teléfono y cursó una breve visita en la clínica, cobra setenta mil pesos.

¿Cuáles son las causas y consecuencias de esta situación?

¿Qué familia de clase media puede disponer de esa cantidad de dinero para hacer esos pagos inesperados? De hecho, hasta para una familia de ingresos relativamente altos pudiese ser una situación engorrosa. Los médicos podrían decir que si esa familia no tenía dinero para cubrir esos pagos no debió ir a esa clínica, sino a un hospital público.

La respuesta a esa aseveración podría ser que cualquier persona razonable, ante una situación de emergencia de un familiar, podría esperar que los médicos aceptaran algún seguro y, de no ser así, que el paciente tuviese, al menos, la opción de pagar con tarjeta de crédito, de modo que la familia pudiese lidiar más tarde y de manera prorrateada con la situación económica que se ha visto en la necesidad de enfrentar.

¿Cuáles problemas revela la situación descrita, la cual, si bien figurada, corresponde a una realidad que cualquier familia de clase media puede enfrentar -si no ha enfrentado ya- en cualquier momento? Uno, muchos médicos no aceptan seguros o, en caso de hacerlo, sólo reciben los seguros más caros y exclusivos que las familias de clase media no pueden pagar; dos, existe una economía informal en los pagos de servicios médicos que pone a las familias en situaciones muy difíciles al no disponer de fondos para hacer los pagos en efectivo o vía transferencia, especialmente cuando no ha tenido tiempo de planificarse como suele suceder con los eventos de salud; tres, no existen parámetros objetivos y transparentes de honorarios médicos, sino que esto se establecen con un alto grado de discrecionalidad respecto de un servicio que concierne a la salud de las personas y no a un divertimento cualquiera; cuarto, los centros médicos no se encargan de integrar los diferentes pagos en una sola cuenta, de modo que haya más transparencia en la provisión del servicio y la posibilidad de que la familia pueda pagar con tarjeta de crédito mientras hace los reclamos a la compañía de seguro; y quinto, a menos que se cuente con pólizas de salud de alto costo, lo más probable es que el paciente tenga que esforzarse mucho para lograr las autorizaciones o los reembolsos de parte de las compañías de seguro, además de los criterios tan discrecionales de exclusión que se usan para determinar si procede o no un reembolso.

No obstante, el sistema tiene serios problemas que requieren ser abordados con miras a buscar soluciones que tengan como centro de atención la salud de las personas, sin que esto implique afectar el carácter lucrativo del ejercicio de la medicina en un país que tiene un componente privado muy grande en su sistema de salud.

Sin duda, hace falta regular ciertas prácticas, aunque hay que tener cuidado con una regulación excesiva que se convierta en retranca para la innovación y la inversión privada en la economía de la salud.

A la vez, sin embargo, la ausencia de regulación o la capacidad que tienen ciertos sujetos del sistema de salud para evadir la regulación constituye, también, un problema que hay que enfrentar.