Hacia una estrategia integral de seguridad juvenil con enfoque deportivo, preventivo y de justicia restaurativa
La delincuencia juvenil en la República Dominicana constituye un fenómeno complejo y estructural.
Un aspecto particularmente crítico es el fenómeno de la asociación para delinquir.
Actualizado: 16 de Septiembre, 2025, 02:11 PM
Publicado: 16 de Septiembre, 2025, 01:16 PM
Por: Edwin E. Feliz Brito.
La delincuencia juvenil en la República Dominicana constituye un fenómeno complejo y estructural, cuya explicación trasciende la mera manifestación de conductas antisociales.
Se encuentra enraizada en múltiples factores sociales, económicos y familiares, en un contexto donde la violencia intrafamiliar persistente, es un fenómeno que se ve agravado por la exposición constante a contenidos mediáticos no regulados que resultan violentos condicionan de manera significativa el desarrollo de los menores.
En este escenario, resulta imprescindible repensar la prevención desde el núcleo familiar, entendido como el primer espacio de transmisión de valores y formación integral promoviendo la participación activa de los padres, junto con el acompañamiento comunitario, que sumado a una a promoción de actividades familiares conjuntas, el acceso a servicios psicológicos profesionales programas que fomenten la cohesión intrafamiliar como componentes indispensables de cualquier política de prevención efectiva.
Frente a las limitaciones, las políticas públicas deben orientarse hacia un paradigma integral que priorice la promoción de valores positivos y el desarrollo humano de los jóvenes. Ello implica prevenir la reincidencia y generar alternativas modernas de vida basadas en la educación, el empleo, la participación comunitaria y la inclusión social.
La normativa vigente que regula y sanciona la conducta de los menores de edad en la República Dominicana principalmente la Ley No. 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes fue concebida en un contexto histórico en el que se consideraba indispensable imponer sanciones frente a las inconductas generadas por menores.
Sin embargo, las medidas entonces establecidas resultan hoy insuficientes ante una realidad mucho más compleja, caracterizada por riesgos y delitos que exponen a los NNA como víctimas directas y potenciales instrumentos de estructuras criminales que los utilizan como "comodines" para evadir la acción de la justicia, aprovechando su condición de inimputabilidad o la flexibilidad de las sanciones aplicables.
A nivel internacional, la República Dominicana es Estado Parte de diversos instrumentos jurídicos vinculantes que imponen la obligación de actualizar los enfoques de protección y de responsabilidad diferenciada respecto de los menores de edad. Entre ellos destaca la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), ratificada mediante la Resolución No. 360-91, que consagra el interés superior del niño como principio rector.
La Resolución No. 46-06.
A este se suman el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2000), ratificado por la Resolución No. 43-06, y el Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados (2000), ratificado por la Resolución No. 46-06.
Asimismo, el país reconoce las Reglas de Beijing (1985) y las Directrices de Riad (1990) de Naciones Unidas, que establecen estándares internacionales sobre justicia juvenil y prevención de la delincuencia. De igual forma, se ha comprometido en el ámbito hemisférico a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), particularmente en lo concerniente a la prevención de la trata, la explotación y el reclutamiento de menores en actividades ilícitas.
De ahí se impone la necesidad de una revisión y modernización de la legislación y de las políticas públicas sobre NNA, garantizando un equilibrio entre la protección integral de sus derechos y la obligación del Estado de prevenir que sean instrumentalizados por estructuras criminales que encuentran en su minoridad un resquicio legal para vulnerar el orden público y la seguridad ciudadana, esto además de pensar en la inclusión de la justicia restaurativa en el sistema socioeducativo dominicano representa un paso decisivo en esta dirección.
Ampliar las opciones de resolución de conflictos, ofreciendo al joven infractor un espacio de reflexión y aprendizaje orientado a la rehabilitación y la reintegración social, otorga un rol activo a la comunidad, transformando la respuesta social frente a la delincuencia y promoviendo dinámicas colectivas de reconciliación y corresponsabilidad.
Un aspecto particularmente crítico es el fenómeno de la asociación para delinquir, que puede dar lugar a entornos de tipo pandillero. Esta constituye una de las expresiones más visibles de la criminalidad juvenil, tal como lo evidencian las experiencias de países que han sufrido sus secuelas irreversibles.
Lejos de tratarse de un problema individual, se trata de la conformación de estructuras que pueden derivar en organizaciones delincuenciales, reflejando fallas estructurales vinculadas a la exclusión social, la falta de oportunidades y la desintegración familiar.
- Frente a este desafío, la respuesta estatal debe materializarse en un sistema integral antipandillas, articulado en torno a tres ejes fundamentales: la prevención social, el control comunitario y la justicia restaurativa.
Resulta inminente y necesario implementar programas especializados que ofrezcan alternativas educativas, laborales y recreativas en territorios de alta vulnerabilidad, donde la captación por grupos malintencionados es más intensa, además de fortalecerse el trabajo comunitario, incorporando promotores culturales, psicólogos y agentes sociales que actúen como mediadores e identificadores tempranos de riesgos, de ahí que la justicia restaurativa debe emplearse como instrumento para transformar las dinámicas internas de las pandillas, fomentando el diálogo, la mediación y la reconstrucción de la confianza comunitaria.
La sostenibilidad de estas acciones demanda un compromiso estatal firme, expresado en la adecuada asignación de recursos, el fortalecimiento institucional y la coordinación efectiva de los actores sociales familias, escuelas, organismos de protección y comunidades. Solo mediante esta articulación será posible consolidar una auténtica política pública de prevención y reinserción juvenil.
En este marco, el deporte debe recuperar su rol como motor de cohesión, salud y esperanza colectiva, a través de la expansión de polideportivos, la construcción de techados multiuso, la diversificación de disciplinas deportivas y el establecimiento de apoyos y pensiones para líderes comunitarios, con el fin de preservar su función formadora y motivadora.
Asimismo, resulta estratégico integrar al empresariado nacional mediante un marco legislativo que, al estilo de la Ley de Cine, incentive la inversión en el deporte amateur y garantice su sostenibilidad como política de Estado.
La delincuencia juvenil en la República Dominicana no puede abordarse mediante respuestas parciales ni exclusivamente represivas, además de una adecuación al código y los protocolos legales, requiere un enfoque multidimensional que privilegie la prevención temprana, la promoción de valores positivos y la aplicación de mecanismos restaurativos solo asi, el Estado cumplirá con su responsabilidad de proteger a la juventud y garantizar salidas legítimas y constructivas a su desarrollo, fortaleciendo así el tejido social y reduciendo las condiciones que alimentan el fenómeno pandillero.
