Violaciones de derechos humanos salen a la luz tras discurso de Maduro

Las recientes declaraciones del presidente Nicolás Maduro, emitidas durante su alocución nacional de este sábado, dejaron en evidencia que el régimen chavista admite violaciones de derechos humanos al insinuar la liberación de presos políticos, anteriormente catalogados como "fascistas antinacionales".

Ese mismo sábado en la noche fueron excarcelados 13 prisioneros de conciencia, entre ellos Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Gorka Carnevalli, Margarita Assenzo y De Grazia, según confirmó el dirigente opositor Henrique Capriles. Otros cinco Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso quienes recibieron medidas de "casa por cárcel".

El gobierno de Italia ratificó la liberación de Assenzo y De Grazia, aunque advirtió que ambos deberán presentarse ante los tribunales para aclarar las condiciones de su excarcelación. Roma aseguró además que continuará las gestiones diplomáticas para lograr la liberación de otros ciudadanos italianos detenidos en Venezuela.

El discurso de Maduro, pronunciado en el marco del acto de "Defensa de la Soberanía y la Paz", reavivó tensiones tanto internas como externas, el contexto histórico nos hace recordar que tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia y logró la reelección en 2018.

Despliegue militar

Posteriormente, en las elecciones del 28 de julio de 2024, fuertemente cuestionadas por la oposición, que denunció un fraude masivo acompañado de persecuciones, se adjudicó un nuevo mandato. El 10 de enero de 2025 se juramentó para otro período presidencial, a pesar del rechazo generalizado de la comunidad internacional.

La crisis se agudizó a inicios de este año con la expulsión de diplomáticos de países que se negaron a reconocer su investidura. A ello se sumó en esta semana recientes, el despliegue de destructores y tropas estadounidenses en las cercanías de aguas territoriales venezolanas, lo que elevó considerablemente el nivel de confrontación regional.

El aislamiento internacional de Venezuela se ha profundizado, diversos gobiernos de América y Europa desconocen la legitimidad de Maduro, es el caso de Ecuador, Panamá, Costa Rica y República Dominicana, como miembros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), repudiaron la juramentación, calificándola de ilegítima y resultado de un fraude electoral.

Reconocen y desconocen

Perú, Paraguay, Chile, Guatemala y Uruguay se pronunciaron en igual sentido, denunciando la ausencia de transparencia y legalidad.

Argentina, bajo la administración de Javier Milei, reconoció formalmente a Edmundo González Urrutia y lo recibió en la Casa Rosada.

Colombia y Brasil adoptaron una posición de mediación, pues no reconocen ni a Maduro ni a González, aunque mantienen relaciones diplomáticas.

Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea desconocieron la legitimidad de Maduro, exigiendo elecciones libres y calificando los comicios de fraudulentos.

Ante este escenario, cobra fuerza el debate sobre una posible transición pacífica en Venezuela, una salida ordenada del chavismo exigiría la movilización de la comunidad internacional y la activación de mecanismos multilaterales que aseguren fortalecimiento institucional, observación electoral independiente, cumbres de concertación regional y apoyo a la recuperación democrática.

La República Dominicana ha reiterado su compromiso con el orden democrático en la región, el presidente Luis Abinader se ha convertido en una voz firme en la defensa de la democracia latinoamericana , recordemos que el 9 de enero de 2025, durante el acto "Apoyo a la Democracia en Venezuela",  el mandatario recibió en Santo Domingo a Edmundo González junto a varios expresidentes de la región, reafirmando que "el régimen aún podía cruzar al lado correcto de la historia". En esa ocasión, garantizó que el país caribeño no descansará hasta ver resurgir la libertad en Venezuela.

La presión internacional, acompañada de una diplomacia activa y coordinada, podría abrir el camino hacia una transición democrática en Venezuela, ello significaría poner fin a años de autoritarismo y devolver las libertades fundamentales a un pueblo hermano que no merece seguir atrapado en un desacierto histórico que ya marca a varias generaciones.