Finjus advierte sobre retrocesos en el Proyecto de Código Procesal Penal

Santo Domingo.– La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) remitió una comunicación al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en la que presenta un análisis técnico del Proyecto de Código Procesal Penal (CPP) aprobado por el Senado, advirtiendo que varias de las reformas incluidas podrían generar retrocesos en materia de garantías procesales y afectar derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

El documento, firmado por el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, recoge las conclusiones de una comisión técnica coordinada por Francisco Álvarez Martínez, que revisó de manera comparativa y constitucional el texto sometido actualmente a estudio legislativo. 

Castaños Guzmán explicó que las modificaciones planteadas al CPP podrían tener efectos sensibles sobre las garantías procesales, la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de las personas, por lo que consideró necesario abrir un espacio de diálogo técnico antes de su aprobación definitiva.

El documento, fruto de una revisión exhaustiva encabezada por el jurista Francisco Álvarez Martínez, advierte que varias de las reformas propuestas podrían debilitar la protección del debido proceso, ampliar de forma desproporcionada la prisión preventiva y reducir los controles judiciales sobre medidas sensibles como la interceptación de comunicaciones y los registros personales.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Asimismo, FINJUS señaló que algunas disposiciones introducen criterios subjetivos que restan previsibilidad a los plazos procesales, eliminan mecanismos de impugnación en materia de querellas y apelaciones, y amplían las facultades discrecionales del Ministerio Público, lo que según la entidad "podría generar retrocesos en el sistema de justicia penal dominicano".

En su comunicación, FINJUS subrayó que su intención no es oponerse a la reforma, sino contribuir a mejorar el texto para garantizar que la nueva versión del Código esté alineada con los principios constitucionales, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los estándares internacionales de derechos humanos.

Por ello, la organización pidió a Pacheco que interceda ante la Comisión para que se le conceda un espacio de exposición donde pueda detallar sus propuestas técnicas, orientadas a asegurar una reforma "inclusiva, sostenible y alineada con las mejores prácticas comparadas".

FINJUS concluyó, reiterando su disposición a colaborar con el Congreso Nacional en la búsqueda de un consenso que fortalezca el sistema de justicia penal y proteja de forma equilibrada tanto los intereses del Estado como los derechos de los ciudadanos.