Condenan a miembros de red que borraba fichas en la Procuraduría con penas entre 6 y 10 años
Las penas oscilan entre 6 y 10 años de prisión e involucran a ex policías, empleados administrativos y un fiscal. La red operaba desde 2017.
Actualizado: 28 de Agosto, 2025, 05:23 PM
Publicado: 28 de Agosto, 2025, 05:18 PM
Santo Domingo.– El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este jueves a nueve personas vinculadas a una red criminal dedicada a borrar o alterar antecedentes penales en la Procuraduría General de la República.
Las penas impuestas oscilan entre 6 y 10 años de prisión y alcanzan a varios ex policías, empleados administrativos del Ministerio Público y hasta un fiscal que integraban esta estructura ilegal.
La red operaba desde el año 2017 y alcanzó su punto máximo de actividad en 2023, cuando se detectaron la mayoría de las alteraciones en el sistema informático de la Procuraduría.
Los condenados manipulaban el sistema para borrar antecedentes a personas con registros por delitos graves como asesinatos, violaciones, narcotráfico y otros crímenes, logrando que al consultar sus datos en la Procuraduría no aparecieran dichos antecedentes.
Una de las motivaciones principales para solicitar estas alteraciones era facilitar la movilidad internacional de los delincuentes, quienes así podían viajar sin que sus antecedentes les impidieran hacerlo. Esta situación representó una grave vulneración a la justicia y a la seguridad pública, ya que personas con perfiles criminales quedaban "limpias" en el sistema.
El Ministerio Público acusó a los implicados por múltiples violaciones a las leyes dominicanas, incluyendo artículos del Código Penal relacionados con corrupción, manipulación informática y lavado de activos.
- Además, la red vulneró leyes específicas como la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, y la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
Entre los imputados también se encuentra la empresa Nexcon Tecnology, que enfrenta cargos por violaciones relacionadas con lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano.
Este caso ha puesto en evidencia las fallas en los controles internos de la Procuraduría y ha motivado una revisión profunda de los sistemas y protocolos para garantizar la transparencia y la integridad en el manejo de los datos penales.
Expertos han señalado la importancia de implementar tecnologías avanzadas de monitoreo y auditoría para prevenir futuros actos de corrupción que comprometan la seguridad nacional y la confianza ciudadana.
Con estas condenas, las autoridades buscan enviar un mensaje claro de cero tolerancia a la corrupción y proteger el sistema judicial dominicano, reforzando la lucha contra el crimen organizado y la impunidad.
Impacto y respuesta institucional
La condena a esta red ha generado un fuerte impacto en el sistema judicial y en la percepción pública sobre la corrupción institucional. Autoridades del Ministerio Público han anunciado que se implementarán medidas adicionales para fortalecer la seguridad informática y los controles internos, con el fin de evitar que estructuras similares vuelvan a operar.
Además, se ha reforzado la cooperación con organismos internacionales para rastrear y sancionar a quienes faciliten estas prácticas ilícitas desde el extranjero. Este caso se convierte en un precedente clave para la justicia dominicana en la lucha contra la manipulación de datos y la corrupción administrativa.
