Tras doce años, organizaciones plantean que la Sentencia 168-13 incrementó la pobreza

La Plataforma Dominican@s por Derecho (DxD) advirtió que la desigualdad se ha profundizado en la República Dominicana al conmemorarse este 23 de septiembre doce años de la Sentencia TC 168-13, que despojó a miles de dominicanos descendientes de migrantes del pleno reconocimiento de su nacionalidad.

Las organizaciones entienden que la medida emitida por el Tribunal Constitucional (TC) el 23 de septiembre de 2013 ha profundizado una brecha que, a pesar de las promesas, la actual gestión de gobierno no ha logrado reducir en ningún aspecto.

La plataforma indicó además en un comunicado este martes que "la persistencia de esquemas obsoletos y discriminatorios" en la administración pública, basados en el origen y la condición social de los dominicanos, niega oportunidades de progreso a las personas, sus familias y comunidades.

Esto crea no solo ciudadanos, sino provincias de segunda categoría, donde la solución a los problemas no llega.

Brechas sociales y pobreza estructural

Los datos de pobreza monetaria recogidos en boletines e informes del antiguo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) respaldan esta afirmación, mostrando que las provincias más afectadas por la sentencia figuran consistentemente entre las más pobres del país.

Factores como el desempleo, la falta de servicios básicos y el bajo nivel educativo son más pronunciados en estas zonas, generando capas de vulnerabilidad para estas personas.

Exclusión civil y falta de documentación

"La falta de una cédula de identidad, principal instrumento de reconocimiento civil, es la base de una extensa cadena de exclusión", expresan en el comunicado estas organizaciones sociales.

Sin este documento, los afectados no pueden acceder a empleos formales, afiliarse al Sistema Dominicano de Seguridad Social, abrir cuentas bancarias o recibir atención médica de calidad, limitando así su desarrollo personal y el de sus comunidades.

La plataforma denunció que en 2024 se han intensificado los operativos de detención, creando un clima de incertidumbre y amenaza constante. Estos despliegues, que a menudo se basan en el perfil racial, ponen en riesgo incluso a dominicanos con documentos, obligándolos a pasar por procesos de depuración innecesarios y engorrosos.

Aunque la Ley 169-14 buscó responder a la Sentencia del Tribunal Constitucional, miles de dominicanos siguen afectados por la parálisis administrativa de la Junta Central Electoral (JCE) y el Ministerio de Interior y Policía (MIP).

La negligencia y burocracia de estas instituciones obstaculizan la integración plena de estas personas a la sociedad, explican en un documento.

"Un caso particularmente preocupante es el de los 8,000 dominicanos que, habiendo agotado el proceso ante el MIP hace 10 años, aún esperan la entrega de su documentación definitiva. La demora no solo frustra a los ciudadanos, sino que también desvaloriza la inversión pública", indicó la organización.

"La lucha contra la exclusión documental es, en esencia, la lucha contra la pobreza y la inequidad", concluyeron. "Es imperativo que el Estado dominicano cierre este círculo de exclusión y abra un camino real hacia la integración, garantizando los derechos plenos y el acceso efectivo a la ciudadanía para todos sus habitantes".