Oportunismo fiscal

Santo Domingo.– Tenemos años proclamando la necesidad de una reforma fiscal integral, luego de múltiples reformas tributarias puntuales para equilibrar el presupuesto realizadas en los gobiernos del PLD del 2004 al 2012, pero lo cierto es que a la hora de la verdad nadie la quiere, ya que ni el sector público ni el privado están dispuestos a renunciar a beneficios y exenciones, ni tampoco el gobierno quiere realmente recortar los gastos, y mucho menos los contribuyentes quieren aceptar pagar más impuestos.

¿Cuál es el contexto general?

Durante años se establecieron porcentajes fijos de los ingresos nacionales que debían ser asignados a distintos entes y organismos del Estado como una forma de supuestamente garantizar que esos recursos fueran asignados en el presupuesto de cada año, aunque se supiera que no existían recursos suficientes para cubrirlos, y como los ingresos no daban para cumplir con estos, se estableció la perversa práctica de incumplir con el mandato de esas leyes, hasta que al amparo de una reforma para la modernización del Estado como fue la aprobación de la Ley No. 423-06 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, se coló astutamente en su artículo 37 la posibilidad de reformar o suspender leyes vigentes por el tiempo del ejercicio presupuestario.

En base a tal facultad las leyes de presupuesto posteriores han autorizado al Poder Ejecutivo cada año a apropiar montos inferiores a los correspondientes de conformidad con los porcentajes establecidos en distintas leyes, como es el caso del poder judicial y de los ayuntamientos, y como lo fue del 4% del PIB para financiar el gasto público en educación, hasta que luego de una intensa lucha ciudadana el entonces candidato Danilo Medina asumió estratégicamente el compromiso de cumplirlo, al cual se había opuesto el entonces presidente Leonel Fernández, pero nunca modificó la ley 66-97 Orgánica de Educación que precisamente se había aprobado durante su primer gobierno en el que no tenía la mayoría congresual, que sí tuvo en el segundo y el tercero.

¿Qué medidas fiscales se han implementado?

Y para poder conseguir los recursos para cumplir con este mandato legal se aprobó otro parche tributario la Ley 253-12 de Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal, sin consensuar y firmar el pacto fiscal que se había aprobado mediante la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo de ese mismo año.

Y como parte de ese paquete impositivo en el artículo 3 de la Ley 253-12 se incluyó una modificación del artículo 296 del Código Tributario que establece la tasa del impuesto de las personas físicas, para suspender mediante la inclusión de un segundo párrafo la ejecución del ajuste por inflación anual en los años fiscales 2013, 2014 y 2015 de la escala de rentas que van desde el rango exento, a los gravados con 15%, 20% y 25%; y también se incluyó en el artículo 11 una modificación del artículo 297 que establece la tasa del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas para elevarla del 25% al 29%, disponiendo una reducción a 28% en el 2014, hasta fijarla en el 2015 en 27%.

Como a partir del año 2016 ya no existía la suspensión de la indexación salarial establecida en el propio Código Tributario, en ese año se realizó el ajuste aumentando las rentas exentas de RD$399,923.00 a RD$409,281.00, pero a partir de 2017 el gobierno de entonces decidió ampliar la práctica de suspender mediante la ley de presupuesto el cumplimiento de disposiciones legales a la indexación salarial, la cual ha sido continuada por los dos posteriores del PRM.

Los que hoy están en la oposición decidieron posponer la reforma fiscal integral y recurrieron a los subterfugios de programas de subsidios establecidos desde el año 2004 bajo el SIUBEN y de suspensiones de aplicación de leyes para equilibrar los presupuestos anuales del Estado, sin embargo se opusieron virulentamente al proyecto de reforma introducido en octubre de 2024, en vez de haber asumido una posición responsable de reclamar la necesidad de la reforma, pero exigiendo la debida discusión que asegurara su idoneidad, así como se negaron a aceptar la reducción propuesta a la contribución económica del Estado a los partidos políticos a finales de 2020, aunque reclaman ahora eliminar la práctica de otorgamiento de subsidios y de suspender la indexación que ellos mismos instauraron.