OEA insta a las instituciones de Guatemala a respetar "los principios democráticos"

Washington.— La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles una resolución que insta a todas las instituciones de Guatemala a respetar la Constitución del país y los principios democráticos, en medio de las denuncias del presidente Bernardo Arévalo de León sobre un supuesto golpe de Estado judicial.

El organismo panamericano reafirmó en el texto, aprobado por consenso, su "apoyo a la integridad electoral, la transparencia, la justicia y las libertades fundamentales" en Guatemala.

Asimismo, exhortó a "todas las instituciones del Estado de Guatemala, incluidos los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial", a actuar "con estricto apego a la Constitución Política de la República, al Estado de derecho y a los principios democráticos".

Además, pidió garantizar "la independencia de los poderes del Estado, el respeto al debido proceso y los estándares interamericanos de derechos humanos".

Misión especial para fortalecer las instituciones

Los Estados miembros de la OEA acogieron "con beneplácito" la decisión del secretario general del organismo, Albert Ramdin, de designar una Misión Especial para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de Guatemala.

Los países también exhortaron a Ramdin a mantener informado al Consejo Permanente de la OEA "sobre la evolución de la situación política e institucional" en el país centroamericano.

El pasado 30 de octubre, el canciller guatemalteco Carlos Ramiro Martínez intervino ante el Consejo Permanente de la OEA para denunciar un caso de "lawfare" (guerra judicial) contra el Gobierno de Arévalo de León, presuntamente impulsado por la fiscal general Consuelo Porras.

La Fiscalía, que intervino en las elecciones de 2023 e intentó evitar que Arévalo asumiera el poder, ha presentado varias solicitudes para retirar la inmunidad del presidente, buscando vincularlo con supuestos delitos como incumplimiento de deberes por la fuga de reos en una prisión de máxima seguridad.

El Gobierno guatemalteco ha denunciado que las acciones judiciales emprendidas por Consuelo Porras y el juez penal Fredy Orellana —ambos sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por corrupción— están socavando el sistema democrático del país.