La sangre no puede ser un privilegio
El Plan de Servicios de Salud cubre transfusiones, pero cargos adicionales dificultan el acceso efectivo a sangre segura.
Actualizado: 24 de Febrero, 2026, 09:47 AM
Publicado: 24 de Febrero, 2026, 09:08 AM
Lilliam Fondeur.
Santo Domingo.– Parece que vivir dejó de ser un derecho para convertirse en un lujo. En la República Dominicana, el acceso a sangre no es un simple paso previo a una cirugía: es la frontera silenciosa entre la vida y la muerte, entre quienes pueden pagar una oportunidad y quienes deben esperar que la suerte —o la solidaridad— les conceda una.
Resulta alarmante que los medios de comunicación difundan casi a diario llamados urgentes para conseguir donantes.
Esa práctica no es solo un gesto de solidaridad colectiva; es también la evidencia pública de que el Estado no está garantizando plenamente este recurso vital.
Cuando una transfusión depende de que una familia viralice un mensaje, el problema no es la falta de donantes, sino la fragilidad del sistema.
La sangre es un recurso vital e insustituible, indispensable en emergencias, partos complicados, cirugías mayores y tratamientos oncológicos.
La Organización Mundial de la Salud ha señalado que garantizar sangre segura debe formar parte de toda política nacional de salud.
En el país se creó el Hemocentro Nacional como un avance institucional, y sus estadísticas reportan progresos importantes; sin embargo, en la práctica hospitalaria persiste la pregunta decisiva: ¿hay sangre disponible cuando una vida depende de ella?
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En el sector privado, conseguir una unidad de sangre puede costar alrededor de RD$8,000 si es Rh positivo y cerca de RD$8,500 si es Rh negativo. Y las cirugías mayores no requieren una sola unidad: un procedimiento ortopédico puede demandar entre cuatro y siete; en ginecología se reservan dos, pero una hemorragia obstétrica puede exigir cuatro o más en cuestión de minutos; en oncología, además, suelen necesitarse plaquetas y plasma. Esto no es excepcional: es práctica médica habitual.
El Ministerio de Salud Pública regula las condiciones sanitarias y técnicas de los bancos privados, pero no fija sus precios. Cada centro establece sus propios costos, generando variaciones significativas. Incluso en el régimen contributivo, donde la transfusión figura como cubierta dentro del Plan de Servicios de Salud (PDSS) —que define los servicios, procedimientos, medicamentos y coberturas que deben ofrecer obligatoriamente las ARS—, en la práctica surgen limitaciones, topes o cargos adicionales que dificultan el acceso efectivo. Lo que debería estar garantizado termina muchas veces acompañado de una factura inesperada.
La sangre no puede tratarse como un insumo sujeto a las reglas del mercado. No es un producto fabricado ni sustituible: es un recurso humano y limitado del que depende la supervivencia. Convertirla en mercancía profundiza desigualdades y coloca la capacidad de pago por encima del derecho a vivir.
La sangre no es un negocio; es un bien social estratégico. Y cuando no llega a tiempo, no solo falla un hospital: falla el Estado en su deber fundamental de proteger la vida.
