Cristóbal Rodríguez advierte que el diseño del CNM "rompió el equilibrio" desde 2010 y propone volver a su composición original

Santo Domingo.– El abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez afirmó que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) perdió el equilibrio político que lo caracterizó en los procesos de 1997 y 2002, y aseguró que la reforma constitucional de 2010 "rompió" ese balance al modificar su composición y ampliar sus competencias.

¿Cómo afectó la reforma constitucional CNM 2010 al equilibrio político?

Durante una entrevista en El Despertador, Rodríguez sostuvo que no le preocupa que el poder político participe en la elección de jueces, pues considera que esa legitimación democrática es necesaria, pero enfatizó que debe existir un "equilibrio" entre las fuerzas representadas.

Según explicó, ese equilibrio se perdió cuando la reforma del 2010 incorporó al procurador general designado y removido libremente por el presidente, lo que aumentó la influencia del partido gobernante en las decisiones del Consejo.

El abogado recordó que esa modificación llevó la matrícula del CNM de siete a ocho miembros, lo que obligó a otorgar un voto de calidad al presidente de la República.

A su juicio, esto consolidó un diseño institucional que permite que "cada siete años" el partido en el poder pueda controlar la composición de la Suprema Corte de Justicia, así como del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral.

¿Qué críticas hizo Rodríguez sobre la evaluación de jueces y otras reformas?

Rodríguez también criticó la facultad otorgada al CNM para evaluar a los jueces de la Suprema Corte, señalando que ya pasan por evaluaciones durante su carrera y que las únicas salidas legítimas deben ser por edad, faltas graves o juicio político. Consideró que lo ocurrido recientemente con la sustitución de magistrados es consecuencia directa de ese diseño.

Ante este panorama, el constitucionalista propuso que el CNM regrese a su composición original, "impar", y que se elimine la facultad de evaluar jueces de la Suprema Corte. Además, reiteró su planteamiento de establecer un período fijo entre nueve y doce años para los jueces de la Suprema, tras el cual salgan con derecho a un retiro digno.

Rodríguez también defendió la necesidad de discutir la posibilidad del voto para policías y militares, aunque aclaró que la habilitación debería limitarse al derecho a votar, no a ser elegidos.

En cuanto al Código Procesal Penal, advirtió que permitir que la prisión preventiva se extienda hasta tres años sería contrario a los principios constitucionales y convertiría la medida en una "pena anticipada". Señaló que todas las medidas cautelares son excepcionales y recordó que el imputado enfrenta al poder coercitivo del Estado, por lo que el respeto a las garantías es esencial.

Sobre la duración de los procesos penales, el jurista reiteró que el Código establece un máximo de cuatro años, y que solo razones "excepcionalísimas" pueden justificar extender ese plazo. En ese sentido, refiriéndose al caso de Jean Alain Rodríguez, indicó que ya supera los cinco años sin llegar al fondo.

Rodríguez concluyó que la reforma del 2010 fue una "maniobra políticamente retorcida" y un ejercicio de "hipocresía institucional" al plantear la evaluación septenal de jueces, lo que, dijo, solo abrió la puerta para modificar periódicamente la composición de las altas cortes.