Envían a juicio a red que estafó más de RD$4,239 millones con esquema piramidal
El tribunal, considerando suficientes las pruebas presentadas, dictó auto de apertura a juicio contra los principales cabecillas: Rafael Martínez Batista, su pareja Eridania García Veloz de Martínez, y otros 20 acusados.
Actualizado: 03 de Octubre, 2025, 05:36 PM
Publicado: 03 de Octubre, 2025, 05:24 PM
SANTO DOMINGO. — Un tribunal del Distrito Nacional ordenó enviar a juicio a los integrantes de una red criminal desmantelada con la Operación Gaviota, que operó un esquema piramidal y movilizó más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a 332 víctimas.
La Fiscalía de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público estableció que, entre 2020 y 2024, la red operó bajo el nombre de Investor Winner, ofreciendo rendimientos mensuales de entre 10% y 30% con el falso pretexto de inversiones bursátiles legítimas.
El tribunal, considerando suficientes las pruebas presentadas, dictó auto de apertura a juicio contra los principales cabecillas: Rafael Martínez Batista, su pareja Eridania García Veloz de Martínez, y otros 20 acusados.
Empresas fachada y uso de redes sociales para engañar a víctimas
Para cometer los fraudes, los imputados utilizaron varias empresas, entre ellas IXI Intermecom S.R.L., Guro Investments S.R.L., y Investor Winner IW S.R.L., además de cooperativas y sociedades ficticias.
El Ministerio Público comprobó que estas empresas no poseían permisos ni registros ante la Superintendencia de Bancos ni del Mercado de Valores, y que no realizaban inversiones reales en mercados internacionales.
En realidad, operaban un esquema Ponzi, pagando a los primeros inversores con el dinero de nuevos participantes.
La red usó activamente redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para promocionar falsas oportunidades de inversión. También falsificaron estados financieros para ganar la confianza de sus víctimas.
Ocultamiento de evidencias y acusaciones legales
Cuando el esquema comenzó a colapsar, los imputados vendieron las acciones de las empresas y desaparecieron de sus domicilios, mudándose a otras provincias como Dajabón y Azua, e incluso algunos abandonaron el país para evitar la justicia.
El tribunal aplicó las siguientes calificaciones legales: violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (estafa por medios tecnológicos); asociación para cometer estafa contra el Estado; intermediación financiera sin autorización; captación ilegal de fondos y lavado de activos, entre otros.
Los fiscales a cargo de la investigación presentaron más de 650 pruebas, que incluyen testimonios, peritajes financieros, informes de informática forense, documentos y evidencias materiales, que respaldan el caso contra los acusados.
