Dos Minutos: La verdad aunque duela

Por: Víctor Bautista 

Santo Domingo.- En la economía dominicana hay dos precios que funcionan como un tabú político y que, lejos de ayudarnos, terminan creando distorsiones graves. Se trata de la tarifa de la energía eléctrica y de la tasa de cambio, peso-dólar.

El caso de la energía es evidente. Las distribuidoras arrastran déficits enormes porque la tarifa que se cobra al usuario es irreal, rezagada, desfasada, frente a los costos reales de generación, transmisión y distribución. Y todos lo sabemos.

Mientras no haya una tarifa técnica basada en la realidad del sistema eléctrico, seguiremos subvencionando ineficiencias que se convierten en deuda pública y en presión fiscal.

El otro tabú es el dólar. En la República Dominicana se cree que si la tasa de cambio se mueve unos puntos hacia arriba, ya tenemos una crisis. Pero en realidad, en casi todos los países, las monedas fluctúan y eso no significa un fracaso de la política monetaria.

Estabilidad ficticia y miedo a la verdad

El problema es cultural. El público mide la eficiencia de la autoridad monetaria por un tipo de cambio móvil casi congelado, algo que no existe en economías abiertas.

Distorsionan la inversión, frenan la competitividad, cargan al Estado con subsidios eternos y generan una cultura política que le teme a la verdad de los números.

Por eso sostengo que ninguna reforma profunda funcionará aquí si no asumimos los costos políticos necesarios para provocar un cambio cultural. Y eso implica decir al país la verdad, aunque duela.

Antecedente histórico del control político sobre la tarifa eléctrica y la tasa de cambio en República Dominicana

Desde hace varias décadas, la economía dominicana ha estado marcada por una fuerte intervención del Estado en sectores clave, especialmente en el ámbito energético y cambiario. Este control no siempre ha respondido a criterios técnicos o de mercado, sino más bien a decisiones de conveniencia política.

En el caso del sistema eléctrico, los problemas estructurales se remontan a los años 80 y 90, cuando las fallas en la generación y distribución de energía llevaron a apagones prolongados y a una creciente dependencia del subsidio estatal.

A pesar de múltiples intentos de reforma y privatización parcial, las tarifas cobradas a los usuarios se mantuvieron artificialmente bajas, como una estrategia de contención social y electoral.

Esto provocó un desfase entre el costo real del servicio y lo que se recauda, generando un ciclo de déficit que se ha ido acumulando como deuda pública.