Bernardo Matías denuncia contratos irregulares en SeNaSa que podrían influir en la supuesta crisis

Santo Domingo.– El antropólogo social y escritor Bernardo Matías denunció en El Despertador la existencia de varios contratos cuestionables en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), los cuales, según explicó, reflejan una profunda crisis institucional vinculada a lo que definió como un proceso de "captura del Estado" en el sector salud.

Matías detalló que al menos cinco contratos presentan irregularidades que deben ser investigadas:

• Programa Eva: sobre servicios de papanicolau a mujeres, que, según señaló, aparece sobrevalorado y con prestaciones no otorgadas.
• Contrato de nutrición para envejecientes.
• Compra de material de osteosíntesis, prótesis o hierro.
• Servicio de telemedicina, donde se incluyó una página web que ni siquiera estaba disponible y registros de llamadas que nunca existieron.
• Atención primaria, contrato que destinó el 42% de la cápita del régimen subsidiado a un prestador privado, en lugar de fortalecer la red pública de unidades de atención primaria.

El académico sostuvo que estas contrataciones forman parte de un patrón más amplio de desvío de recursos y pérdida de la misión social de SeNaSa, transformada —dijo— en una institución manejada bajo lógicas de negocio.

Matías explicó que la "captura del Estado" en SeNaSa se expresa en cuatro elementos:

• La apropiación de la institución por parte de grupos económicos y políticos vinculados al sector salud.
• La pérdida de su misión original de protección social en salud.
• El manejo clientelar y con fines propagandísticos.
• La falta de sostenibilidad financiera por desvío de fondos hacia objetivos distintos a los previstos.

Advirtió que la crisis de SeNaSa no se limita a los contratos ya denunciados públicamente, sino que existirían alrededor de diez con características similares.

Asimismo, resaltó la necesidad de aplicar mecanismos de trazabilidad de autorizaciones médicas para identificar la cadena de actores involucrados en posibles fraudes, en los que, según estadísticas, suele haber hasta un 87% de participación de sectores internos.