Armas, civiles y caos, experimento que amenaza a la región

Por: Edwin E. Feliz Brito

La entrega masiva de armas a civiles en países de la región no debe interpretarse como una mera estrategia de "defensa popular", más bien lo veo como  reflejo de una política deliberada que, en la práctica, pudiera fortalecer a grupos armados y redes criminales, pues, cuando el propio estado decide proporcionar armamento a sectores de la población en situación de vulnerabilidad socioeconómica, el mismo, crea un flujo abierto de armas cuya trazabilidad se pierde rápidamente, reforzando las capacidades operativas de organizaciones ilícitas y escalando la inseguridad regional.

Esta política, revestida de retórica pseudo-patriótica, externaliza el control estatal del armamento y multiplica los riesgos de violencia transnacional y desestabilización en toda la región. Las armas de fuego de todos los tipos entregadas sin control oficial se dispersan por las fronteras de manera clandestina, contribuyendo a más violencia y obligando a los Estados vecinos a reforzar sus controles y actualizar sus protocolos y legislaciones sobre porte y tenencia de armas.

Además, el informe "Criminality in Venezuela" elaborado por el Organized Crime Index (OC Index), indica que las armas ilegales están ampliamente disponibles en ese país, afirmando que muchas de estas armas provienen del fabricante estatal de armas, señala el informe que algunos miembros de las fuerzas de seguridad venden sus armas en el mercado negro, contribuyendo a la proliferación de armas en manos de civiles, asunto que ha tenido efectos verificables en los países vecinos. En Colombia, por ejemplo, grupos armados han perpetrado graves violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos, reclutamiento forzoso de menores y desplazamientos forzados, asimismo, en México, se han registrado casos de venezolanos fuertemente armados detenidos en estados como Michoacán, lo que indica la expansión de redes criminales venezolanas en la región.  

Para enfrentar de manera efectiva los riesgos derivados de la militarización civil en nuestra región, resulta imprescindible articular una estrategias regional integral que combine cooperación regional, fortalecimiento legal y transparencia institucional, creando y operativizando los mecanismos de coordinación entre los Estados vecinos que permitan controlar la circulación de armas y combatir de manera conjunta al crimen organizado transnacional. Además, los marcos normativos nacionales de los países de la región deben revisarse y actualizarse, incorporando estándares internacionales sobre porte y tenencia de armas, de manera que se garantice un control más riguroso y efectivo del armamento disponible, incluyendo la promoción de la rendición de cuentas  y control estricto de inventarios, esto además de  implementar mecanismos de supervisión y control que aseguren la trazabilidad del armamento y exigir responsabilidad de las autoridades involucradas para prevenir abusos, frenar la proliferación ilícita y restaurar la confianza en la gestión estatal de la seguridad regional.

La militarización de la población civil  pudiera socavar la seguridad interna y redefine el equilibrio de poder regional, pues, al proporcionar a actores malintencionados un arsenal difícil de rastrear y que pudiera llegar a manos criminales que busquen desconfigurar la seguridad regional. Este fenómeno transformaría un supuesto instrumento de defensa ciudadana en un posible catalizador de violencia organizada, desestabilización fronteriza y riesgos transnacionales, obligando a los Estados vecinos a reforzar urgentemente sus mecanismos de control, coordinación interinstitucional además de la actualización de marcos legales sobre porte, tenencia y circulación de armas. La negligencia o tolerancia frente a este patrón de militarización civil no constituye un asunto interno aislado, que de no tener los controles adecuados pudiera degenerar en una amenaza estratégica que demanda atención inmediata y acción conjunta a nivel regional.