Abogado explica quién debe responder por derrumbes causados por excavaciones tras caso ocurrido en Villa Mella

La comunidad de Villa Mella espera claridad sobre las consecuencias legales tras los derrumbes recientes.

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Santo Domingo.– El abogado especialista en temas legales Manuel Olivero explicó que los derrumbes provocados por excavaciones en obras de construcción pueden generar responsabilidad civil para los responsables del proyecto, dependiendo de las circunstancias en que ocurra el hecho.

Durante su participación en el segmento Balance Legal del programa El Despertador, Olivero se refirió al reciente caso ocurrido en Villa Mella, donde una excavación cercana a una vivienda provocó un deslizamiento de tierra que afectó una propiedad.

El jurista indicó que en este tipo de situaciones es fundamental determinar si el derrumbe fue provocado por causas naturales o por acciones humanas, ya que de esto depende si existe o no responsabilidad legal.

Diferencia entre desastres naturales y negligencia

Olivero explicó que cuando un derrumbe ocurre por fenómenos naturales, como lluvias intensas o tormentas, se considera un caso de fuerza mayor, por lo que no se puede atribuir responsabilidad directa a ninguna persona.

Como ejemplo mencionó los recientes derrumbes registrados en Gaspar Hernández, donde las fuertes lluvias provocaron daños en viviendas y estructuras.

    En esos casos, señaló, el Estado puede brindar ayuda o asistencia a las víctimas, pero no existe una obligación legal de indemnización, debido a que los daños fueron provocados por la naturaleza.

    Sin embargo, aclaró que el escenario es completamente diferente cuando el derrumbe ocurre por trabajos de excavación realizados por una empresa o contratista.

    Contratista debe cumplir requisitos antes de excavar

    El abogado explicó que cualquier obra de construcción debe cumplir una serie de requisitos legales y técnicos antes de iniciar excavaciones.

    Entre estos requisitos mencionó la elaboración de planos de la obra, la obtención de permisos de construcción y la realización de estudios de suelo para determinar las condiciones del terreno.

    Estos estudios, explicó, permiten conocer la calidad del suelo y prevenir posibles deslizamientos o derrumbes durante el proceso de excavación.

    Además, el constructor debe respetar las distancias entre propiedades y garantizar el uso de medidas de seguridad, como vigas de soporte o estructuras de contención que eviten colapsos.

    El contratista es el principal responsable

    Olivero explicó que el Código Civil dominicano establece que toda persona que cause un daño a otra está obligada a repararlo.

    Por esta razón, el contratista que realiza la obra es el principal responsable si se demuestra que no cumplió con los requisitos de seguridad, los permisos correspondientes o las normas técnicas para la excavación.

    El abogado indicó que, en estos casos, el responsable debe compensar o reparar todos los daños ocasionados a las propiedades afectadas.

    El propietario de la obra también puede ser demandado

    El jurista señaló que la responsabilidad no recae únicamente en el contratista, ya que el propietario de la obra también puede ser demandado en determinadas circunstancias.

    Explicó que si el contratista no responde por los daños o no tiene capacidad económica para hacerlo, el propietario del proyecto —ya sea una empresa privada o una institución pública— también podría enfrentar reclamaciones legales.

    Olivero indicó que en muchos proyectos de obras públicas se incluye dentro del contrato una póliza de responsabilidad civil, destinada a cubrir posibles daños ocasionados durante la ejecución de los trabajos.

    No obstante, aclaró que estas pólizas suelen aplicarse únicamente cuando el contratista ha cumplido con todos los requisitos técnicos y de seguridad establecidos.

    Si se demuestra que hubo negligencia o incumplimiento de las normas, la compañía de seguros podría negarse a cubrir los daños.

    El Estado podría responder si es el propietario de la obra

    Finalmente, el abogado explicó que si el proyecto pertenece al Estado, la institución que contrató la obra también podría verse obligada a responder por los daños ocasionados.

    En ese caso, la entidad pública tendría primero que exigir responsabilidades al contratista, pero si este no responde, el Estado podría asumir las consecuencias legales como propietario del proyecto.

    Olivero concluyó que en situaciones como la ocurrida en Villa Mella es necesario determinar si se cumplieron todos los requisitos legales y técnicos, ya que de ello dependerá quién deberá responder por los daños causados.

     
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