Sorprendidos por el hecho del 23 de febrero en el que Juan Guaidó tomó juramento en la calle y no ante la Asamblea Nacional, que previamente lo había designado presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, los medios informativos bautizaron el evento como auto proclamación y así se le ha seguido llamando, a pesar de que el diputado presidente de la AN, no está en la función de mandatario provisional por iniciativa personal, sino por mandato constitucional y decisión del único poder legítimo que ha sobrevivido al caos institucional generado por el chavismo.
Tres artículos de la Constitución con la que Hugo Chávez sustituyó la “moribunda” sobre la que juró facultan a la Asamblea Nacional para la valiente decisión adoptada: el 233 que entre los causales para la vacancia presidencial, incluye la revocatoria popular y la declaratoria de abandono de cargo declarada por la AN; el 333 que blinda la Constitución en caso de que “dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella». Este artículo faculta a todo ciudadano «investido o no de autoridad», a procurar el restablecimiento de la ley sustantiva en caso de que fuere desconocida por abuso de autoridad; y el 350 que faculta “desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos».
Desde la medianoche del 9 de enero, Nicolás Maduro dejaba de ser presidente legítimo de Venezuela por el fenecimiento del período para el que había sido electo en las últimas elecciones presidenciales; para postegarse a espaldas de la libre determinación ciudadana, montó una farsa electoral el 20 de mayo, caracterizada por la mayor abstención de la historia democrática de ese país y por la inhabilitación de los partidos y líderes de oposición que estuviesen en posibilidades competitivas. Las falsas elecciones ni siquiera fueron convocadas por el órgano electoral que tiene el mandato de ley, sino por la entelequia de constituyente que armó para suplantar la Asamblea Nacional,y, como era de esperarse, la oposición venezolana y gran parte de la comunidad internacional declararon la ilegitimidad de ese proceso.
Amparado en el monopolio de la reprensión el régimen castrochavista menospreció la iniciativa, pensando que era una jornada más de la oposición por tratar de sacudirse de la dictadura y restablecer el orden democrático, y se les ha hecho muy tarde para maniobrar una salida que los mantenga en el poder.
La última oportunidad que tuvo la cúpula chavista de encabezar la solución del conflicto se la brindaron España, Reino Unido, Francia y Alemania, cuando le otorgaron un plazo de ocho días para que llamaran a nuevas elecciones, pero en vez de montarse en la barca que había venido a rescatarles, la colmaron de insultos, ampliando de manera impensable el reconocimiento internacional de la presidencia interina.
Tres acontecimientos se han sumado esta semana al aislamiento de Maduro y su camarilla y al reconocimiento al presidente Guaidó: 1-Vencimiento del plazo de los cuatros países que dominan Europa;2- Reconocimiento del Parlamento Europeo; 3-Reconocimiento de la Internacional Socialista, cuyo consejo, reunido en República Dominicana con la presencia del presidente del gobierno español, también aprobó la expulsión del Frente Sandinista.
Hubo un intento fallido por oxigenar la dictadura que es la del diálogo que pretenden aupiciar los “neutrales” presidentes de México y Uruguay, pero ya la oposición no vuelve a dejarse utilizar.